En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, representantes del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y la Coordinadora en defensa del río Desaguadero, lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP) expresaron su preocupación por el creciente deterioro ambiental que afecta al departamento de Oruro y demandaron acciones concretas para enfrentar la contaminación minera, los efectos del cambio climático y la creciente contaminación urbana.
Durante sus intervenciones, ambas organizaciones coincidieron en señalar que, pese a la existencia de normativas ambientales, sentencias constitucionales, auditorías y decretos de emergencia, los avances en materia de mitigación, remediación y recuperación ambiental continúan siendo insuficientes frente a la magnitud de los problemas que afectan a las comunidades y ecosistemas de la región.
MINERÍA Y UNA DEUDA AMBIENTAL HISTÓRICA
El vicedirector de CEPA, Limberth Sánchez, advirtió que las poblaciones afectadas por la contaminación minera continúan esperando respuestas efectivas por parte de las autoridades. Recordó que existen sentencias constitucionales, decretos de emergencia ambiental y diferentes instrumentos normativos orientados a enfrentar esta problemática; sin embargo, señaló que los resultados concretos siguen siendo limitados.
Según explicó, más de 89 comunidades se encuentran afectadas por décadas de actividad minera y por la contaminación acumulada en la cuenca del río Desaguadero, Poopó, Antequera, Huanuni, también los lagos Uru Uru y Poopó. Esta situación, afirmó, ha generado una profunda deuda ecológica y social con las poblaciones que durante años han convivido con los impactos ambientales derivados de la actividad extractiva.
Sánchez también manifestó su preocupación por la expansión de nuevas actividades mineras y por algunas disposiciones normativas que podrían flexibilizar requisitos ambientales relacionados con los procesos de consulta previa y la evaluación de impactos ambientales. A su criterio, cualquier modificación a estos mecanismos debe garantizar la protección de los derechos de las comunidades y la preservación de los ecosistemas.
Por su parte, el presidente de CORIDUP, Eloy Flores, recordó que las organizaciones afectadas continúan exigiendo el cumplimiento de sentencias constitucionales, auditorías ambientales y decretos destinados a enfrentar la contaminación minera que afecta a las comunidades asentadas en las cuatro cuenca.
Flores destacó que actualmente el Gobierno nacional trabaja en la elaboración de un Plan Nacional de Emergencia, el cual deberá contemplar recursos económicos suficientes para ejecutar proyectos de mitigación, remediación y recuperación ambiental en las zonas afectadas. Señaló que las comunidades esperan que este plan se traduzca en acciones concretas y no quede únicamente en anuncios o compromisos institucionales.
CAMBIO CLIMÁTICO Y CRISIS DEL AGUA
Otro de los aspectos abordados por Limberth Sánchez fue el impacto que el cambio climático está generando en el altiplano boliviano. El representante de CEPA indicó que las recientes heladas registradas en distintas regiones del departamento han provocado importantes afectaciones a la producción agropecuaria, generando pérdidas económicas para numerosas familias que dependen de estas actividades.
Asimismo, advirtió que diversos pronósticos climáticos anticipan escenarios de sequía cada vez más severos para los próximos años, una situación que podría agravar los problemas de disponibilidad de agua en varias regiones del departamento.
Según explicó, comunidades de municipios como Turco, Corque, Toledo y Opoqueri podrían enfrentar crecientes dificultades para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, producción agropecuaria y otras actividades esenciales. Esta situación incrementa la vulnerabilidad de poblaciones que, además de enfrentar los efectos del cambio climático, conviven con problemas históricos de contaminación minera.
Sánchez señaló que la combinación entre contaminación ambiental y escasez de agua representa uno de los mayores desafíos para las comunidades del altiplano, por lo que consideró fundamental fortalecer las políticas de adaptación climática y protección de las fuentes hídricas.
CONTAMINACIÓN URBANA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
La problemática ambiental no se limita únicamente a las zonas afectadas por la minería. Durante su intervención, Limberth Sánchez también alertó sobre el crecimiento de la contaminación urbana y las dificultades que enfrenta la ciudad de Oruro en materia de gestión de residuos sólidos.
De acuerdo con los datos expuestos, diariamente se generan alrededor de 200 toneladas de basura en la ciudad, de las cuales menos del tres por ciento es reciclado. Esta situación evidencia importantes desafíos en cuanto a la separación, aprovechamiento y tratamiento adecuado de los residuos.
A criterio del representante de CEPA, la falta de una cultura de reciclaje, las limitaciones en los sistemas de gestión de residuos y la insuficiente educación ambiental dificultan la implementación de soluciones sostenibles para enfrentar la creciente acumulación de basura.
Asimismo, advirtió que la ausencia de cambios estructurales en la gestión de residuos podría derivar en mayores problemas ambientales y en riesgos relacionados con la capacidad de los rellenos sanitarios para recibir los desechos generados por la población.
EXIGEN MAYOR RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y OPERADORES MINEROS
Durante su intervención, Eloy Flores cuestionó la falta de avances en la solución de problemas ambientales históricos que continúan afectando a la región. Entre ellos, mencionó la contaminación provocada por aguas servidas que desembocan en el lago Uru Uru, situación que sigue generando preocupación entre las comunidades y organizaciones ambientales.
Flores demandó que tanto la Empresa Minera Huanuni como las cooperativas mineras asuman responsabilidades concretas para evitar que sus operaciones continúen afectando los cuerpos de agua y los ecosistemas de la región.
Según señaló, es fundamental que los distintos actores involucrados cumplan con las obligaciones ambientales establecidas en la normativa vigente y adopten medidas efectivas para reducir los impactos de sus actividades.
Asimismo, advirtió que, de persistir los incumplimientos y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes, CORIDUP impulsará nuevas acciones legales con el objetivo de exigir el cumplimiento de las disposiciones ambientales y la protección de los derechos de las comunidades afectadas.
PREOCUPACIÓN POR POSIBLES FLEXIBILIZACIONES AMBIENTALES
Tanto CEPA como CORIDUP expresaron su preocupación por versiones relacionadas con posibles modificaciones normativas que podrían flexibilizar los requisitos para la obtención de licencias ambientales.
Limberth Sánchez advirtió que algunas disposiciones podrían convertir las licencias ambientales en simples trámites administrativos, debilitando los mecanismos de evaluación y control necesarios para prevenir impactos ambientales negativos.
Por su parte, Eloy Flores anunció que las organizaciones solicitarán información oficial sobre estas propuestas con el fin de garantizar que se mantengan instrumentos fundamentales como los estudios de impacto ambiental, los mecanismos de fiscalización y los procesos de consulta previa a las comunidades potencialmente afectadas.
Ambos representantes coincidieron en que cualquier modificación normativa debe priorizar la protección de los ecosistemas, los derechos de las poblaciones y el cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la legislación nacional.
EN CONCLUSIÓN, LA CRISIS AMBIENTAL SIGUE CRECIENDO EN ORURO
Las problemáticas expuestas por CEPA y CORIDUP evidencian que Oruro enfrenta una crisis ambiental que se profundiza año tras año. La expansión de la actividad minera, los efectos cada vez más severos del cambio climático, la contaminación de ríos, lagos y acuíferos, así como el manejo inadecuado de residuos sólidos y aguas servidas, continúan afectando a comunidades, ecosistemas y actividades productivas en distintas regiones del departamento.
A ello se suma la preocupación por la disponibilidad futura de recursos hídricos, la degradación de los ecosistemas altoandinos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización ambiental para evitar que los problemas existentes continúen agravándose.
A pesar de la existencia de sentencias constitucionales, auditorías ambientales, decretos de emergencia, leyes y diversos compromisos institucionales asumidos a lo largo de los años, las comunidades afectadas sostienen que los avances concretos siguen siendo insuficientes. Más de dos décadas después de iniciadas las demandas por la contaminación minera en la cuenca del río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó, persisten los mismos problemas que dieron origen a las movilizaciones y reclamos de las poblaciones afectadas. Mientras tanto, las acciones de mitigación, remediación y recuperación ambiental avanzan lentamente o, en muchos casos, permanecen pendientes de ejecución.
El principal desafío ya no radica en identificar los problemas ni en elaborar nuevos diagnósticos. La contaminación de las fuentes de agua, la degradación progresiva de los ecosistemas y los efectos cada vez más evidentes del cambio climático constituyen realidades ampliamente conocidas, documentadas y reconocidas por las propias autoridades. El reto pendiente es garantizar el cumplimiento efectivo de las normas ambientales, fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, asignar recursos económicos suficientes y ejecutar acciones concretas que permitan revertir los daños acumulados durante décadas.
La persistencia de estas problemáticas pone en evidencia una profunda contradicción entre los discursos de protección ambiental y la realidad que viven diariamente las comunidades afectadas. Mientras cada año se multiplican los actos conmemorativos, las declaraciones institucionales y las campañas de sensibilización en torno al cuidado del medio ambiente, miles de familias continúan enfrentando la contaminación de sus fuentes de agua, la pérdida de tierras productivas, la reducción de sus medios de subsistencia y el deterioro constante de sus condiciones de vida.
A esta situación se suman nuevos desafíos derivados del avance de la actividad minera, la flexibilización de algunos mecanismos de control ambiental, la creciente contaminación urbana y los efectos cada vez más severos de la crisis climática, que amenazan con profundizar aún más la vulnerabilidad de las poblaciones y de los ecosistemas del departamento de Oruro.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, la reflexión no debería limitarse únicamente a recordar la importancia de proteger la Madre Tierra, sino también a asumir la responsabilidad histórica que tienen las instituciones del Estado, las empresas y todos los actores involucrados para garantizar ese derecho. La defensa del medio ambiente requiere mucho más que declaraciones o compromisos simbólicos; demanda voluntad política, acciones sostenidas y resultados verificables.
Después de más de veinte años de demandas, las comunidades afectadas ya no esperan nuevas promesas. Exigen justicia ambiental, cumplimiento de las normas, reparación de los daños ocasionados y respuestas efectivas frente a una problemática que continúa afectando su presente y que, de no ser atendida oportunamente, comprometerá también el futuro de las próximas generaciones.
FUENTE; CEPA, Norma Mollo Mollo